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“Agua, derechos y utopías: prioridades en el proceso de democratización de la Política del agua”

El título de nuestra Declaración corresponde al tema central de la IX Reunión Internacional de nuestra Red, realizada el pasado mes de septiembre en la ciudad de Joao Pessoa, Estado de Paraíba, Brasil (http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-ix-joao-pessoa-2018/). Las actividades realizadas durante esta Reunión reflejaron los esfuerzos y preocupaciones de los miembros de nuestra Red, basados en más de 30 países de África, América, Asia y Europa, así como seguramente los esfuerzos y preocupaciones de millones de seres humanos. El título de la Reunión tenía como objetivo resaltar las prioridades que confrontamos en el proceso de democratización de la Política del agua, que son de la mayor pertinencia para proponer reflexiones urgentes. Escribimos “Política” con mayúscula para enfatizar la necesidad de recuperar el concepto de política en su sentido
más substantivo, evitando que se lo reduzca a formas específicas, por ejemplo a la política electoral o a las políticas públicas, o a las prácticas que  istemáticamente erosionan la credibilidad y la legitimidad de la Política, como son la corrupción ética, intelectual y material que caracterizan al comportamiento de fracciones substanciales de las elites que ocupan cargos políticos y administrativos y posiciones de poder civil y militar o que detentan el poder económico y financiero. Esta erosión y devaluación de la Política, es a la vez resultado y causa de la instrumentalización de la democracia, cuya función se encuentra subordinada a los intereses de las clases y sectores sociales dominantes de nuestras sociedades, una de cuyas consecuencias más graves ha sido la profundización extrema de las desigualdades e injusticias estructurales a nivel planetario, como lo indican estudios recientes que muestran que, desde inicios de la década de 1980, el 1% de la población de mayores ingresos a nivel global ha acumulado el mismo nivel de riqueza que el 50% más pobre. Esta profundización extrema de las desigualdades e injusticias, con una acumulación monopólica del poder y la riqueza sociales por parte de una minúscula elite global, es producida y justificada en el nombre de una democracia abundante en la enunciación de derechos formales pero crecientemente despojada de mecanismos reales que permitan a los seres humanos ejercer sus derechos plenamente, al tiempo que muchos derechos conquistados durante los procesos de democratización previos han sido restringidos o hasta cancelados. En muchos países, incluyendo aquellos países capitalistas considerados históricamente como modelos de democracia, ejercer plenamente los derechos de ciudadanía se ha convertido con creciente frecuencia en un acto arriesgado, muchas veces con graves consecuencias, incluyendo la muerte. La democracia de “lo posible” permite a los actores que detentan el poder social, económico-financiero y político justificar la implementación de decisiones que recortan o cancelan derechos y sancionan la profundización del despojo de nuestros bienes y recursos y el fortalecimiento de formas sociales caracterizadas por niveles extremos de inhumanidad. La desigualdad y la injusticia en el control, gobierno, y distribución del agua y de los beneficios, riesgos y amenazas conectados con el agua son un componente fundamental de dichos procesos y sus consecuencias tienen un impacto decisivo en la consolidación y expansión de formas de organización social crecientemente inhumanas.

Consideramos que, en la situación actual, el intento de ejercer plenamente los derechos a compartir los niveles de desarrollo social alcanzados por las sociedades humanas, incluso en las democracias capitalistas clásicas, parece haberse transformado en una utopía. En este contexto, entendemos a la utopía como un territorio social que para grandes mayorías de personas siempre tuvo un carácter distante, inalcanzable, una tierra prohibida. La  profundización extrema de las desigualdades e injusticias ha exacerbado esta situación, ya que a los grupos sociales históricamente excluidos y  marginalizados se les unen amplios sectores que habían logrado mejorar sus condiciones de vida pero que han sufrido un rápido deterioro de su situación. La consolidación de formas sociales crecientemente inhumanas ha colocado a una proporción substancial de la población humana en condiciones de vulnerabilidad e indefensión ampliadas, al tiempo que sus derechos a defender las condiciones mínimas requeridas para una vida digna son recortados y cancelados sistemáticamente, muchas veces de forma violenta y brutal, en el nombre de la democracia o, cuando menos, mediante
su instrumentalización al servicio de intereses particulares. El concepto de utopía que inspira esta Declaración se refiere a la conquista de ese territorio social siempre inalcanzable para amplias mayorías en nuestras sociedades y del cual están siendo expulsados sectores que habían logrado acceder al mismo en períodos más favorables al avance de la democracia substantiva, material. La utopía, entendida como el rechazo de la noción de que el acceso universal a las condiciones mínimas de bienestar que garanticen la vida digna sería una imposibilidad, incluso en las democracias capitalistas  tradicionales. La utopía de crear sociedades fundadas en los principios de la igualdad, la inclusión y la dignidad humana, capaces de sostener  democracias substantivas y no meramente formales. La utopía, formalmente reconocida en los Objetivos de Desarrollo Sustentable que deberíamos cumplir para el año 2030, de garantizar el acceso universal al agua y a los servicios esenciales conectados con este bien común. Todo indica,  lamentablemente, que esta utopía se está alejando rápidamente del alcance de las grandes mayorías de la población humana del planeta, que nuevamente las buenas intenciones terminarán en un fracaso anticipado y que dichos objetivos no serán alcanzados. Es urgente que los debates y las acciones se centren en las causas del problema, pero lamentablemente estas no se discuten, porque eso implicaría poner al descubierto la corrupción ética, intelectual y material que caracteriza a nuestro orden social dominante.

Los resultados de investigación, las informaciones, las evidencias, las denuncias, las alternativas y las propuestas que fueron presentados y debatidos en las distintas sesiones que tuvimos durante la IX Reunión de la Red confirman el grave avance de las situaciones de desigualdad y la injusticia en el control, gobierno, y distribución del agua y de los beneficios, riesgos y amenazas conectados con el agua a nivel planetario. Dichos trabajos y debates estuvieron a cargo de académicos, estudiantes, representantes de empresas públicas, sindicatos, movimientos sociales y otros actores que representan el universo social con el que se compromete el trabajo de nuestra Red. En nombre de dicho compromiso con las luchas por órdenes sociales más humanos y justos, en los que resulte impensable que sea necesario “garantizar” el derecho al agua, como si cuidar y compartir el agua no fueran integrales a la existencia de la especie, hacemos pública esta Declaración.

• Denunciamos la sistemática violación de los derechos fundamentales de las personas, incluyendo el Derecho Humano al Agua, por parte de gobiernos y empresas privadas, así como otros actores que detentan el poder social, político y económico-financiero. Esta violación se expresa de diversas formas que van desde la apropiación incluso violenta de las fuentes de agua, la mercantilización y privatización del agua y de los servicios basados en el agua, la contaminación del agua por las actividades pobremente reguladas o incluso no reguladas, cuando no ilegales, de los agronegocios, la minería, el fracking, los monocultivos ilícitos, y otras actividades extractivas que afectan gravemente a los ecosistemas y a los seres vivos. También se expresa en la inhumanidad demostrada por los gobiernos en la falta de prevención, protección y atención a los afectados por desastres conectados con el agua, sequías, inundaciones, y otros fenómenos extremos, incluyendo las  enfermedades relacionadas con el agua, el fracaso en el cumplimiento de las metas  internacionales para extender el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene esenciales, entre muchos otros graves problemas que afectan particularmente a los sectores más desfavorecidos. En este sentido, denunciamos que las políticas dominantes en relación con el agua y a los servicios esenciales ponen en grave peligro la posibilidad de que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sustentable de 2030, que incluyen la universalización del acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento y a la higiene. Queda poco más de una década para lograr dichos Objetivos, y es altamente probable que nuevamente fracasemos, como ya ocurrió con las Metas de Desarrollo del Milenio de 2015. La responsabilidad por estos fracasos está fundamentalmente asociada con las políticas del agua dominantes, promovidas por los gobiernos y las instituciones internacionales de desarrollo y financiamiento, juntamente con sus aliados en el sector privado.

• Exigimos a los gobiernos y a las instituciones internacionales, en particular a los organismos relevantes a la Política y la gestión del agua en las Naciones Unidas, que asuman sus responsabilidades y compromisos con seriedad, tomando posiciones claras, sin ambigüedades, condenando las violaciones y tomando todas las medidas necesarias para proteger a las poblaciones y garantizar su ejercicio al derecho a un medio ambiente saludable, a la limpieza y mantenimiento de los cuerpos de agua y al acceso a los servicios esenciales para una vida digna. Exigimos también que los gobiernos y las instituciones internacionales abandonen las fracasadas políticas de mercantilización y privatización de las fuentes de agua y de los servicios esenciales y que asuman sin dilación la defensa de las formas de propiedad y gestión pública y común del agua y de los servicios, en sus diferentes formas. Esto incluye también abandonar el apoyo por las asociaciones público-privadas que ocultan la transferencia masiva de recursos públicos hacia las empresas privadas, un modelo fracasado y que ha causado enormes pérdidas y deudas a los países, que recaen sobre las poblaciones más desfavorecidas. En su lugar, los gobiernos y las instituciones internacionales deberían promover y apoyar las formas de asociación y cooperación público-públicas, público-
  comunitarias, comunitario-comunitarias, entre otras, sujetas al control democrático efectivo por parte de las poblaciones.

• Exigimos a los gobiernos de América Latina y el Caribe la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Entre otras cuestiones, este acuerdo procura dar protección a las comunidades, líderes y activistas ambientales, y otros actores involucrados en la defensa del derecho a un medio ambiente saludable y a los derechos humanos en general. Este importante acuerdo, adoptado el 4 de marzo de 2018, requiere que por lo menos 11 países lo ratifiquen, pero  hasta la fecha ninguno lo ha ratificado.

Red WATERLAT-GOBACIT, 22 de marzo de 2019